Crear una sociedad en Andorra con un asesor fiscal y contable: trámites, fiscalidad y aspectos a tener en cuenta
Crear una sociedad en Andorra puede ser interesante para un empresario que desee desarrollar una actividad internacional, pero el proyecto debe abordarse desde una perspectiva más amplia que la puramente fiscal. Una fiscalidad más baja no basta, por sí sola, para que una implantación resulte pertinente. También hay que tener en cuenta la actividad que realmente se desarrolla, el lugar desde el que se dirige la empresa, la residencia fiscal de sus socios, las obligaciones contables y las relaciones bancarias.
Precisamente en estos aspectos, un asesor fiscal y contable que conozca el derecho andorrano puede aportar un valor considerable. Su función no consiste simplemente en buscar el tipo impositivo más bajo. Sobre todo, debe ayudar a construir una organización coherente, conforme a la normativa y defendible teniendo en cuenta la situación real del empresario.
¿Por qué contar con asesoramiento para crear una sociedad en Andorra?
Andorra atrae a empresarios franceses, españoles e internacionales debido a su entorno fiscal, su situación geográfica y su marco empresarial. Sin embargo, constituir una sociedad en el Principado no consiste simplemente en presentar algunos documentos y abrir una cuenta bancaria.
El primer paso consiste en determinar si Andorra se adapta realmente al funcionamiento de la actividad. Un consultor que trabaja por cuenta propia, una empresa de comercio electrónico que realiza ventas en varios países y una empresa tecnológica que emplea a un equipo internacional no tendrán las mismas obligaciones fiscales ni las mismas necesidades jurídicas.
El asesor fiscal y contable debería intervenir idealmente antes de la constitución de la sociedad. Puede analizar el origen de los ingresos, el país de residencia de los administradores y socios, los flujos financieros previstos, la remuneración del administrador, las posibles distribuciones de dividendos y las obligaciones fiscales que puedan subsistir en otros Estados.
Esta comprobación es especialmente importante para los empresarios que abandonan Francia o que continúan desarrollando allí una parte de su actividad. Constituir una sociedad en Andorra no determina automáticamente la residencia fiscal de su administrador ni elimina las normas relativas a las actividades desarrolladas en otro país. El convenio fiscal entre Francia y Andorra aborda, entre otras cuestiones, la residencia fiscal y el concepto de establecimiento permanente, dos aspectos que deben analizarse por separado de la simple dirección del domicilio social.
¿Cuál es la fiscalidad de una sociedad en Andorra?
Uno de los principales elementos de atractivo del Principado sigue siendo su impuesto sobre sociedades. El tipo general del impuesto sobre sociedades andorrano está actualmente fijado en el 10 %. No obstante, determinados regímenes y normas específicas pueden modificar el importe efectivamente adeudado en función de la naturaleza de los ingresos, las deducciones aplicables o el régimen fiscal de la empresa.
Por ello, es preferible hablar de un tipo general del 10 % en lugar de prometer sistemáticamente una tributación efectiva inferior. El importe final depende de la situación fiscal real de la sociedad.
Andorra también aplica un impuesto indirecto denominado IGI, comparable en su funcionamiento general al IVA. Su tipo general es del 4,5 %. También existen otros tipos, concretamente del 0 %, 1 %, 2,5 % y 9,5 %, según la naturaleza de la operación de que se trate.
Para una empresa que vende servicios o productos a nivel internacional, este tipo del 4,5 % no significa, sin embargo, que todas las facturas estén automáticamente sujetas al IGI andorrano. El tratamiento depende, entre otros factores, del tipo de prestación, del lugar donde se encuentre el cliente, de si se trata de un profesional o de un particular y de las normas de territorialidad aplicables. Esta cuestión merece especial atención en actividades digitales, consultoría, software, plataformas en línea o comercio electrónico.
Los dividendos requieren la misma prudencia. La legislación fiscal andorrana contempla mecanismos de exención, especialmente en determinadas situaciones de participación entre sociedades, pero su aplicación depende de condiciones concretas. Una consulta fiscal publicada por la Administración andorrana en 2025 recuerda, por ejemplo, que determinadas exenciones relacionadas con los dividendos están sujetas a condiciones materiales y formales acumulativas. Por tanto, presentar los dividendos como sistemáticamente exentos sería engañoso.
Andorra también ha firmado varios convenios destinados a evitar la doble imposición, entre ellos con Francia, España y Portugal. Estos convenios no constituyen exenciones generales: sirven para determinar qué Estado tiene derecho a gravar determinados ingresos y en qué condiciones.
Cotizaciones sociales: entender lo que realmente representa el tipo del 22 %
Para los trabajadores por cuenta ajena sujetos al régimen general andorrano, la CASS indica actualmente una cotización total del 22 % del salario. La parte asumida por el trabajador representa el 6,5 %, mientras que la parte empresarial representa el 15,5 %.
No obstante, esta cifra debe situarse en su contexto. No debe aplicarse indistintamente a un administrador, un trabajador por cuenta propia o un socio que desarrolle una actividad por cuenta propia. La CASS establece normas específicas para los trabajadores autónomos y para los distintos estatus profesionales. Por tanto, el coste social real debe calcularse en función de la situación de la persona afectada y no a partir de una simple comparación con Francia o España.
Este es precisamente el tipo de detalle que puede convertir una simulación fiscal atractiva sobre el papel en un proyecto mucho menos ventajoso una vez que se tienen en cuenta todas las cotizaciones y obligaciones.
SL, SLU, SA o SAU: ¿qué sociedad elegir en Andorra?
Las principales formas de sociedades mercantiles ofrecidas a los empresarios son la sociedad limitada, o SL, y la sociedad anónima, o SA. También pueden constituirse bajo una forma unipersonal, respectivamente SLU y SAU. La elección de la estructura se realiza desde el procedimiento de reserva de la denominación social.
La SL suele ser adecuada para pequeñas y medianas empresas, consultores, empresas familiares y numerosos proyectos empresariales. Su capital social mínimo es de 3.000 euros. La responsabilidad de los socios se limita, en principio, a sus aportaciones.
La SA responde más a proyectos que requieren un capital importante, una estructura accionarial más organizada o una organización destinada a acoger a varios inversores. Su capital social mínimo está fijado en 60.000 euros.
Sin embargo, la elección no debe basarse únicamente en el importe del capital. También deben tenerse en cuenta la gobernanza deseada, la futura entrada de inversores, la naturaleza de la actividad, las necesidades bancarias, la estrategia de remuneración y la forma en que podrá evolucionar la empresa.
El Gobierno de Andorra señala, además, que una sociedad puede ser administrada mediante diferentes formas de órganos de gestión, como un administrador único, varios administradores o un consejo de administración.
¿Cómo se desarrolla concretamente la creación de una sociedad en Andorra?
La creación de una sociedad sigue un proceso administrativo estructurado. Para un empresario extranjero, la primera dificultad no es necesariamente la redacción de los estatutos, sino la preparación de un expediente coherente que permita explicar claramente quién invierte, en qué actividad y con qué fondos.
El procedimiento comienza con la reserva de la denominación social. El solicitante debe proponer varios nombres y precisar el objeto de la futura sociedad, así como su forma jurídica. El portal gubernamental indica actualmente una tasa de 5,69 euros para esta solicitud.
Cuando una persona física o jurídica extranjera no residente desea constituir una sociedad andorrana, posteriormente debe solicitar una autorización de inversión extranjera directa. El Gobierno indica actualmente una tasa administrativa de 300 euros para este procedimiento.
Esta etapa merece actualmente una atención especial. El marco de la inversión extranjera se ha reforzado y las autoridades examinan con mayor atención la naturaleza y el valor económico de los proyectos. En 2026, el Gobierno indicaba un aumento del número de solicitudes de inversión extranjera rechazadas durante los años anteriores. Esto significa que un proyecto serio debe estar documentado y ser coherente desde el momento de su presentación.
Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, el capital social debe depositarse en una entidad bancaria andorrana. El banco expide entonces el certificado necesario para la constitución. Esta fase suele implicar comprobaciones sobre la identidad de los socios, los beneficiarios efectivos, el origen de los fondos y la actividad prevista.
Es difícil prometer un plazo bancario universal. El tiempo necesario depende en gran medida del perfil de los socios, de su país de residencia, del origen de los fondos, del sector de actividad y de la calidad de los documentos presentados. Por tanto, presentar un plazo fijo de dos, cuatro u ocho semanas como norma sería poco fiable.
La constitución continúa posteriormente ante notario. Los documentos de identificación, las autorizaciones obtenidas, el certificado bancario relativo al capital y la información sobre los beneficiarios efectivos forman parte de los elementos solicitados durante esta fase. Una vez formalizada la escritura, el notario presenta la constitución al Registro de Sociedades Mercantiles para su inscripción.
El domicilio social de la sociedad debe estar establecido en Andorra. Después de la inscripción, todavía pueden ser necesarios otros trámites para permitir el ejercicio efectivo de la actividad, especialmente ante las administraciones fiscales y sociales y el registro de comercio, según la situación de la empresa.
¿Cuánto cuesta realmente crear una sociedad en Andorra?
Es una pregunta frecuente y una de aquellas para las que hay que desconfiar de los paquetes presentados como universales. Algunos costes públicos pueden verificarse con precisión. A estos importes pueden añadirse otras tasas administrativas, los honorarios del notario, las comisiones bancarias y los honorarios de los profesionales que acompañen la constitución. El capital social de 3.000 euros para una SL o de 60.000 euros para una SA debe distinguirse de un coste convencional: se trata del capital de la sociedad y no de unos honorarios abonados a la administración.
En cambio, no existe una tarifa universal para un asesor fiscal y contable, un abogado o un servicio de acompañamiento para la creación. El coste depende del número de socios, de la complejidad del expediente, de la actividad, de los flujos internacionales, del número de empleados y del alcance de la misión encomendada al despacho. Para mantener la transparencia, es preferible solicitar un presupuesto que distinga claramente entre las tasas públicas, los honorarios del notario, los servicios jurídicos, la contabilidad y los posibles gastos de domiciliación.
Esta distinción evita una sorpresa bastante habitual: comparar dos ofertas cuando una solo incluye la constitución jurídica y la otra incluye el banco, la fiscalidad, la contabilidad y el seguimiento administrativo durante varios meses.
¿Cuáles son las obligaciones contables y fiscales después de la creación?
La creación de la sociedad es solo el principio. Una sociedad andorrana debe llevar posteriormente una contabilidad conforme a las normas locales y cumplir con sus obligaciones tributarias y declarativas.
El Gobierno recuerda que las cuentas anuales deben reflejar fielmente el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. La presentación de las cuentas anuales constituye una obligación para las sociedades afectadas.
La gestión contable es especialmente importante para las empresas que reciben numerosos pagos internacionales. Una empresa de comercio electrónico, un desarrollador de software o una agencia que trabaja con varias plataformas debe poder conciliar sus facturas, sus cobros, sus reembolsos y sus gastos de pago. El objetivo no es simplemente «hacer la contabilidad» a final de año, sino poder explicar cada flujo financiero.
La periodicidad de las declaraciones del IGI depende, entre otros factores, del volumen de negocio. Según la información oficial publicada actualmente, una empresa cuyo volumen de negocio anual sea inferior a 250.000 euros normalmente realiza una liquidación semestral. Por debajo de 3,6 millones de euros, la liquidación es trimestral. A partir de 3,6 millones de euros, pasa a ser mensual.
Para el impuesto sobre sociedades, la base imponible parte del resultado contable al que se aplican las correcciones previstas por la legislación fiscal andorrana. El tipo general es del 10 %, pero el cálculo del importe realmente adeudado no se limita, por tanto, a multiplicar el beneficio contable por el 10 %.
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¿Por qué el asesor fiscal y contable se vuelve indispensable para una actividad internacional?
Para una pequeña sociedad local con pocas operaciones, la contabilidad puede seguir siendo relativamente sencilla. La situación cambia rápidamente cuando los clientes, proveedores, socios o plataformas de pago se encuentran en varios países.
Por ejemplo, un comerciante electrónico debe realizar un seguimiento de la localización de sus ventas, de las normas de imposición indirecta aplicables y de sus flujos de pago. Un consultor debe prestar atención al lugar donde se prestan efectivamente sus servicios y a su propia residencia fiscal. Una empresa tecnológica puede tener que gestionar contratos internacionales, activos intangibles, empleados a distancia o varias fuentes de ingresos.
El asesor fiscal y contable actúa entonces como punto de coordinación entre la realidad económica de la empresa y sus obligaciones declarativas. En expedientes complejos, suele trabajar con un abogado, un notario o el banco cuando la cuestión excede de su propio ámbito de competencia. Un buen profesional no pretende dominar por sí solo el derecho fiscal, el derecho societario, el derecho de inmigración, las cuestiones bancarias y todos los convenios internacionales. Identifica lo que corresponde a su especialidad y recurre al especialista adecuado cuando es necesario.
Crear una sociedad en Andorra no significa «pagar menos impuestos»
Andorra dispone objetivamente de un marco fiscal competitivo, con un tipo general del impuesto sobre sociedades del 10 % y un tipo general del IGI del 4,5 %. Pero estas cifras no permiten, por sí solas, concluir que un empresario saldrá beneficiado al trasladar su actividad.
La cuestión adecuada consiste más bien en determinar si la empresa puede operar realmente desde Andorra, si su organización es compatible con las normas fiscales de los países en los que desarrolla su actividad y si los posibles ahorros compensan los costes, las obligaciones administrativas y los cambios personales que implica una implantación en el extranjero.
Para un empresario que realmente desea desarrollar su actividad desde el Principado, disponer de una estructura local coherente y cumplir con las obligaciones fiscales andorranas, la creación de una sociedad puede tener sentido. Para una persona que continuaría viviendo, trabajando y dirigiendo toda su actividad desde otro país mientras utiliza únicamente una sociedad andorrana para beneficiarse de su tipo impositivo, el análisis es mucho más delicado.
Por eso, la primera reunión con un asesor fiscal y contable no debería comenzar con «¿cuánto voy a ahorrar?», sino con una descripción precisa de la actividad, los clientes, el lugar de trabajo, los socios y los flujos financieros.
Hacer validar el proyecto antes de constituir la sociedad
Antes de cualquier constitución, es útil hacer examinar el proyecto en su conjunto: situación personal de los socios, residencia fiscal, actividad real, países de los clientes, previsión de volumen de negocio, remuneración del administrador, necesidades bancarias, capital necesario y posibles distribuciones de beneficios.
Este análisis previo suele permitir evitar las correcciones más costosas. Modificar una estructura después de su creación, descubrir que una actividad requiere una autorización específica o constatar demasiado tarde que un flujo sigue estando sujeto a imposición en otro Estado puede costar mucho más que contar con asesoramiento profesional desde el principio.
Por tanto, una sociedad andorrana bien estructurada no es simplemente una sociedad que disfruta de un tipo impositivo atractivo. Es una empresa cuya forma jurídica, fiscalidad, gobernanza, contabilidad y realidad operativa cuentan la misma historia.
Es esta coherencia la que hace que el proyecto sea más sólido, tanto ante la administración como ante un banco, un socio comercial o un futuro inversor.
